La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 22 de abril de 2002 como Proposición no de Ley, señala ya en el preámbulo que en los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y efi cacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados.
Pasados ocho años desde ese importante documento, la Administración de Justicia española se encuentra en un profundo proceso de racionalización y modernización. En este reto cobran un especial protagonismo las reformas procesales que –entre otros aspectos– potenciarán la implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Administración de Justicia y que van a afectar de forma radical a usuarios internos y externos del sistema judicial.
Nuestra Justicia precisa de una nueva organización que supere los lastres de un modelo que arrastra desde el siglo XIX. Recientemente se ha aprobado la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, “Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Ofi cina Judicial” y que materializa en el ámbito procesal la mayor reforma organizativa de los últimos tiempos, en defi nitiva un crucial reto a afrontar por el sistema judicial español sin precedentes en más de un siglo. La referida Ley confi rma algo que consideramos fundamental y que ya se avanzaba en la Ley Orgánica 19/2003: la transformación de la Justicia es mucho más que inversión económica. Proporciona una nueva fórmula –a través de las economías de escala y alcance– frente al modelo atomizado de órganos judiciales que hasta ahora conocemos. Y es que en una época en la que todos reclamamos más medios personales y materiales para la Administración de Justicia, es bueno que esas actitudes críticas y reivindicativas se hagan desde la responsabilidad. La solución a los problemas de la Administración de Justicia pasa también por la correcta gestión de medios, por la corresponsabilización en la gestión presupuestaria, por la creación de oficinas de atención al ciudadano, y sobre todo por acometer definitivamente el nuevo modelo de oficina judicial que, aunque fundacionalmente gestado en la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la reforma llevada a cabo por la Ley de 2003 , en particular en el Libro V, ha tenido que esperar casi seis años para ver su materialización procesal.
“Modernización” es el término que se repite en el Libro Blanco de la Justicia de 1997, en el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002, en la Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la actual Ley 13/2009, de 3 de noviembre, así como en el mismo título de dos importantes documentos estratégicos del Consejo General del Poder Judicial, Hoja de Ruta para la Modernización de la Justicia, y del Ministerio de Justicia, Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009–2010. Documentos estratégicos que sin duda van a marcar un hito en la historia de la política judicial española a fi n de dar respuesta al mayor cambio de organización en más de un siglo. Y es que –como reza el comienzo del documento ministerial– la modernización de la Administración de Justicia y su acercamiento a los ciudadanos es el objetivo fundamental de la agenda política de los últimos años.
¿Reformar o simplemente modernizar tecnológicamente? Esa es la primera cuestión que debemos resolver. En 2008, un atinado artículo editorial de la revista The Economist reflexionaba sobre el evidente fracaso que, en términos de eficiencia, había supuesto en las administraciones públicas de muchos países la enorme inversión informática que en la década de los ochenta y noventa se había realizado. Tres razones daba la prestigiosa revista para explicar –en contraste con el sector privado– la falta de correspondencia entre la inversión y los rendimientos: una falta de competitividad, una perversa tendencia a “reinventar la rueda” y una focalización de los esfuerzos en el hardware y software a implantar, antes que en la propia organización.
Quizás con esta última reflexión podemos dar respuesta a nuestra pregunta: reformar no es sólo modernizar, o dicho de otro modo, modernizar es también organizar. Y organizar implica actuar con y sobre el tejido humano que integra la organización.
Asumiendo esta premisa, el proyecto de trabajo en red en el que se enmarca la presente memoria responde a la imperiosa necesidad establecer mecanismos de gestión horizontal del cambio que acompañen el proceso de reforma que se abre ahora para funcionarios y la Administración de Justicia en general. Con esta visión, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia, consciente del desafío que el cambio de modelo comporta, puso en marcha en enero de 2009 la RED DE INFORMACIÓN JUDICIAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA REGIÓN DE MURCIA –REDINJU– como una experiencia singular con la que aplicar criterios de formación, intercambio de buenas prácticas y procesos de gestión de cambio entre funcionarios de Justicia que se adhieran al entorno colaborativo.
La presente experiencia parte de la convicción que actuar sobre y desde la misma base de los usuarios del sistema resulta crucial si tenemos en cuenta la frecuencia con que quienes integramos la Administración de Justicia simplificamos las explicaciones del porqué de tales o cuales vicios o defectos que padece nuestro sistema judicial. Solemos llevar nuestros criterios por caminos reduccionistas, y en muchas ocasiones, nuestras opiniones se limitan a poner, acríticamente, sin ánimo constructivo, barreras a lo desconocido.
En gran medida, el principal reto que afronta la reforma de la nueva Oficina Judicial así como la implantación y consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración de Justicia en particular, es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su implantación.
La desconfianza nace tanto de las cautelas de los operadores jurídicos y judiciales
frente a cualquier cambio organizacional, como –en el plano de las TIC– de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la escasa transparencia de estas tecnologías. Es preciso pues, establecer estrategias complementarias a la formación a fi n de dar mayor confianza y motivación a funcionarios y profesionales usuarios del sistema.Con esa certeza, la REDINJU ha trabajado durante 2009 bajo la coordinación del Tribunal Superior de Justicia integrando en sus distintos talleres y foros a 20 funcionarios de Justicia de la Región de Murcia con la Escuela de Práctica Jurídica, letrados del Servicio de Modernización del Consejo General del Poder Judicial, técnicos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Dirección General de Modernización del Ministerio de Justicia y a técnicos de la firma tecnológica Fujitsu. Los objetivos fijados fueron:
• Puesta en marcha de experiencias de gestión del cambio orientadas a la asunción del proyecto NOJ.
• Promoción sinergias de intercambio de buenas prácticas y experiencias que contribuyan a la mejora del sistema de Justicia en la Región de Murcia en el marco de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Consolidación de una Red de expertos en TIC aplicadas a los procesos judiciales.
• Diagnosticar y presentar propuestas de actualización de los aplicativos informáticos, (SGP, LexNET, PNJ y otros) homologada al Plan de Transparencia Judicial.
• Promoción de dinámicas formativas y encuentros entre el personal judicial destinadas a la plena asunción del Código de Conducta en el manejo de equipos informáticos en el marco de la reforma procesal en marcha.La REDINJU ha desplegado las siguientes actividades conforme al siguiente cronograma:
Finalmente, los resultados que acoge la presente publicación responden a los objetivos trazados por términos de referencia de cada uno de los siguientes foros de trabajo:
1. Taller de estudio para una futura normativa que de Normalización documental de las actuaciones judiciales. Con este foro se ha perseguido uniformar las prácticas de edición y documentación de actos y resoluciones judiciales en los procedimentos judiciales de las diferentes jurisdicciones mejorarando la calidad de los oficios y expedientes en papel. De forma paralela, fueron objetivos secundarios:
a. Mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios de Justicia al contar con una guía práctica al tiempo de documentar en autos las resoluciones judiciales.
b. Facilitar el manejo y consulta del procedimento por parte de SJ y Jueces al tiempo de toma de decisiones o cita en las mismas de determinadas partes de los expedientes.
c. Facilitar la consulta del expediente por parte de ciudadanos interesados o profesionales.
d. Facilitar la consulta por parte del MF al tiempo de calificación o emisión de otro tipo de informe.
e. Reducir el volumen de los expedientes evitando la unión de documentación accesoria (existe o puede contrastarse en el SGP u otro aplicativo Web), irrelevante, (no lo exije la ley y deriva de una práctica que no aporta valor añadido) o susceptible de ser incorporada a un lejajo.
f. Facilitar la identificación de expedientes judiciales en los archivos.2. Taller de diagnóstico del Sistema de Gestión Procesal (Minerva) y del sistema de documentación digital de vistas orales arconte. Con este foro se ha perseguido Generalizar el uso eficiente de los sistemas de gestión procesa a disposición de las Oficinas Judiciales en la Región de Murcia con la visión de asegurar la futura correspondencia entre SGP y estadística.
Como objetivos secundarios se señalaron los siguientes:
a. Promover el manejo seguro y eficiente del sistema de documentación digital integrada ARCONTE como complemento del MINERVA.
b. Promover el manejo acorde y eficiente del SGP MINERVA por parte de los funcionarios de Justicia en el marco del Código de Conducta en el Manejo de Equipos Informáticos.
c. Garantizar el correcto registro e ingreso de datos en los SGP a la luz de las previsiones derivadas de la Instrucción 4/2009 de la Secretaría General de Justicia del MJU.3. Taller de puesta a disposición de una Guía práctica en el uso de Lexnet y del Punto Neutro Judicial. Con este foro se ha perseguido generalizar el uso eficiente de las herramientas telemáticas a disposición de las Oficinas Judiciales en la Región de Murcia. De forma parella, el taller respondió a la necesidad de:
a. Asegurar el manejo acorde y eficiente del sistema de telecomunicaciones LexNET por parte de los funcionarios de Justicia. Promover el manejo seguro y eficiente del Punto Neutro Judicial al tiempo de consultar datos e incorporarlos al SGP.
b. Promover el manejo seguro y eficiente del Punto Neutro Judicial al tiempo de consultar datos e incorporarlos al SGP.
c. Minimizar los casos de consultas indebidas al PNJ dando pautas para evitar reclamaciones de la Agencia de Protección de Datos.La Justicia vive momentos cruciales que deben determinar actitudes positivas y constructivas por parte de todos, que contribuyan a salir del laberinto en el que se encuentra. Y en esta empresa estamos todos implicados, los que aparentemente estamos en un lado (jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios) y en otro (abogados, procuradores, graduados sociales). El servicio público de Justicia no puede estar en permanente estado de discusión programática. La enfermedad está diagnosticada, la receta fue expedida y la Justicia cuenta, por fi n, con un Plan Estratégico de Modernización. En momentos de crisis no sólo económica, sino de modelo de Administración de Justicia, hay una fórmula que no falla: trabajar por la Justicia.
Con ese espíritu y en el convencimiento de que esta experiencia de colaboración en red representa un formidable ejemplo de trabajo y promoción de buenas prácticas, no puedo dejar de mencionar aquí mi sincero agradecimiento y reconocimiento a los funcionarios judiciales de la Región de Murcia, letrados del Consejo General del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio de Justicia y entidades que han hecho posible el comienzo de la singladura de esta red.
Javier L. Parra García
Coordinador de la edición
