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MEMORIA 2011

ANEXOS

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia

1.1 El gobierno de la Justicia en la Región de Murcia

El Gobierno interno del sistema judicial en la Región de Murcia a cuyo frente se encuentra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pivota sobre los tres principales cuerpos de operadores judiciales: jueces, fiscales y secretarios judiciales. Al frente de cada colectivo encontramos, respectivamente, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al fiscal Superior y al secretario de Gobierno.
Las funciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia, cargo que ostenta en Murcia, Juan Martínez Moya, tras renovar su mandato en 2009, vienen contempladas en el artículo 160 y 161 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Las funciones del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, vienen contempladas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, con las modificaciones introducidas por la Ley 24/2007, de 9 de diciembre, por medio de cuyas leyes se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, siendo la misión primordial del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social; el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, ejerciendo su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad; corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo. La jefatura de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la ostenta Manuel López Bernal, relegido por Real Decreto 270/2011, de 28 de febrero.

El secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Javier L. Parra García, representa a escala autonómica, después de la reforma impuesta por la LO 19/2003, el máximo responsable en la dirección de las oficinas judiciales de la Región, ostentando la jefatura orgánica de los secretarios judiciales, así como la última dirección técnico procesal de la totalidad de funcionarios judiciales de la Región. Parra García, fue relegido por Orden del Ministerio de Justicia 46/2010, de 18 de enero (BOE 19, de 22 de enero de 2010). Renovó así el cargo que ostenta desde octubre de 2004.
En la escala orgánica y de forma complementaria con lo anterior, encontramos los puestos de presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco Guevara; de secretaria coordinadora provincial de justicia, Nieves Sánchez Ruíz; y de teniente-fiscal, José-Francisco Sánchez Lucerga.

El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, preside la Sala de Gobierno y el secretario de Gobierno, Javier Parra García, actúa como secretario de la misma. Las atribuciones de la Sala de Gobierno vienen reflejadas en el artículo 152 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre las que destacan las siguientes:

• Aprobar las normas de reparto de asuntos entre los distintos órganos judiciales.
• Establecer anualmente los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales del territorio, así como normas de asignación de las Ponencias que deban turnar los magistrados.
• Completar provisionalmente la composición de las Salas en los casos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, sin perjuicio de respetar el destino específico de los Magistrados de cada Sala.
• Proponer motivadamente al CGPJ a los magistrados suplentes.
• Ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados.
• Proponer al presidente la realización de las visitas de inspección e información que considere procedentes.
• Promover los expedientes de jubilación por causa de incapacidad de los magistrados, e informarlos.
• Elaborar los informes que le solicite el Consejo General del Poder Judicial y la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal.
• Proponer al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los respectivos órganos jurisdiccionales.
• Recibir el juramento o promesa legalmente prevenidos de los magistrados que integran los respectivos tribunales y darles posesión.
• En general, cumplir las demás funciones que las leyes atribuyan a los órganos de gobierno interno de los tribunales y que no estén atribuidas expresamente a los presidentes.
• Expedir los nombramientos de los jueces de paz.

1.2 Actividad gubernativa desplegada

Durante el pasado año de 2011, periodo al que se contrae este documento, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ha celebrado las siguientes sesiones:

• Ordinarias: 19
• Extraordinarias: 2
• Sobre juramento/promesa de jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y médicos forenses: 10
  

Y entre otros muchos acuerdos adoptados, destacan:

CONSENSO. El 25 de mayo de 2011, la Sala de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia celebró una sesión extraordinaria en Lorca, en la que estuvieron presentes los vocales territoriales. Además se convocó una reunión en la que estuvieron presentes representantes de todos los colectivos relacionados con la Justicia. TSJRM

Igualmente, la Sala de Gobierno, tuvo conocimiento, en sesión extraordinaria celebrada en Lorca, de:

1.3 Implantación de la Oficina Judicial en Murcia

Al cumplirse un año del despliegue de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en el Partido Judicial de Murcia, se tiene una perspectiva adecuada para:

• Hacer balance de la experiencia. Los resultados cuantitativos, que se han plasmado en los informes de auditoria realizados por la Secretaría de Gobierno y las Direcciones de los Servicios Comunes Procesales, evidencian la viabilidad del sistema organizativo incluido el Servicio de Ordenación del Procedimiento
• Valorar los aciertos o desaciertos del nuevo modelo de organización. La implantación parcial de la NOJ en Murcia ha supuesto un desajuste en las relaciones de puestos de trabajo, paliado por planes concretos de actuación para reforzar el déficit funcionarial que se verá normalizado cuando se produzca la plena implantación de la OJ en el resto de jurisdicciones afectas al despliegue.
  Realizar propuestas que permitan mejorar el modelo conceptual de NOJ e incorporar las lecciones aprendidas de cara a futuros despliegues en otros territorios.
• La Sala de Gobierno ha considerado conveniente, a la vista de los datos e informes recabados y de la propia experiencia vivida en el despliegue de la NOJ en Murcia, trasladar de forma sintética a todas las instancias y usuarios concernidos por el funcionamiento del sistema de justicia, una serie de conclusiones y propuestas al respecto.

• La anterior conclusión no puede verse empañada por las dificultades y desasosiegos propios de un cambio organizacional de tal envergadura. Frente a posiciones reactivas a los cambios o cortoplacistas, valoramos positivamente las enormes potencialidades y ventajas que ofrece el nuevo modelo frente a la antigua oficina judicial. Unas ventajas y potencialidades que ya comienzan a vislumbrarse en Murcia y pueden sintetizarse en las siguientes:
• Posibilidades de especialización de las distintas dependencias en la realización de las distintas tareas encomendadas, con el resultado de mayor capacidad de la organización para aprender e incorporar las buenas prácticas y para estandarizar tareas; todo lo cual produce a su vez más eficacia y eficiencia en la explotación de los siempre escasos recursos y mejor calidad en la prestación de servicios a los usuarios y clientes internos y externos del sistema.
• Extraordinaria flexibilidad de la organización para atender puntas de trabajo, aplicar recursos a las áreas ocasionalmente más sensibles, fijar prioridades o atender tareas urgentes. Ello es consecuencia de la mayor dimensión que las diferentes secciones, unidades y equipos tienen en comparación con los antiguos juzgados, lo que permite la movilidad permanente de efectivos entre dichas dependencias, e incluso la movilidad temporal dentro de cada servicio común.
• Elasticidad para el crecimiento. Con el nuevo modelo, los futuros crecimientos de medios humanos y materiales pueden aplicarse allí donde son necesarios, sin las rigideces que imponía el anterior modelo organizativo. Un modelo que obligaba a crear una plaza de juez, otra de secretario judicial y entre ocho y diez funcionarios sin atender a que lo que en cada momento se necesitara fuera sólo lo primero, lo segundo o lo tercero.
• Homogeneización de la pendencia y tiempos de respuesta en los juzgados de una misma clase y territorio, con el resultado de superar el inaceptable agravio comparativo en los tiempos de respuesta que ofrecían los distintos juzgados de un mismo partido judicial e igual jurisdicción, en atención a la pendencia que tuviera el órgano judicial al que era aleatoriamente turnado un procedimiento.
• Capacidad de ejercicio de liderazgo organizacional en mejores condiciones que el anterior modelo, donde el liderazgo quedaba constreñido al estrecho ámbito de cada juzgado, en manos de personas sin formación en dirección de las organizaciones y sin apenas posibilidad de planificación y dirección para toda la organización.
• Mejor disposición para identificar y ejecutar buenas prácticas procesales con participación a través de grupos mixtos de trabajo y en  concertación con otros actores legales: abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y otros.

BALANCE. El vicepresidente del CGPJ,  Fernando de Rosa, la directora General de Modernización del Ministerio de Justicia, Caridad Hernández, el vocal de Modernización, Carles Cruz, el presidente del TSJ, Juan Martínez, y el vocal territorial, Miguel Carmona, atienden a los medios de comunicación. TSJRM

 

Consideramos importante dejar constancia de que durante los primeros meses del despliegue se produjeron problemas de ajuste de la nueva organización, en el funcionamiento de los servicios, en la atención a usuarios y profesionales, así como demoras en la tramitación de los procedimientos en las jurisdicciones afectadas por el despliegue. Sin embargo, desde la perspectiva que ofrece el año transcurrido desde la implantación del nuevo modelo se ha venido apreciando una progresiva normalización de los ritmos de trabajo y del funcionamiento de los servicios. A los razonables problemas de ajuste derivados de un cambio  de tanta envergadura, se sumaron circunstancias que deben ser previstas para futuros despliegues:

• La redistribución masiva y simultánea de los funcionarios desde los antiguos a los nuevos puestos de trabajo, produjo una negativa y generalizada pérdida de capacidades instaladas. La lección a aprender es la necesidad de proveer una formación específica -sustantiva y procesal- para el nuevo puesto previamente al cambio de destino, así como una previa comprobación del grado de capacitación de los nuevos equipos y de aplicación de actividades formativas complementarias.
• La redistribución de los funcionarios a sus nuevos puestos de trabajo supuso también la pérdida masiva y simultánea para toda la organización del conocimiento detallado que de cada asunto tenía el concreto funcionario que lo tramitaba. La lección a aprender en este caso es la necesidad de preparar fichas de resumen de autos que faciliten la transferencia de dicho conocimiento al nuevo funcionario.
• La importante pendencia prexistente en algunos de los antiguos juzgados y tribunales condicionó decisivamente la asunción ordenada de los procedimientos por los servicios comunes procesales que los recibieron. La lección a aprender en este punto es la conveniencia de aplicar con carácter previo -y no tras el despliegue- los refuerzos que permitan reducir la pendencia de procedimientos antes de afrontar el cambio organizacional.
• Los fallos y carencias en los sistemas informatizados de gestión procesal y de comunicación al servicio de la Administración de Justicia han supuesto un importante lastre para la implantación del nuevo modelo, generando desafecciones y pérdida de implicación por parte del personal y profesionales, que han visto por ello dificultada la realización de las tareas encomendadas. La lección a aprender es la necesidad de asegurar el funcionamiento de tales recursos e instrumentos antes de afrontar nuevos despliegues.
• Un no siempre adecuado dimensionamiento de las relaciones de puestos de trabajo, comprensible por la falta de referentes y de experiencias previas, pero que ha condicionado la capacidad de algunos servicios comunes para afrontar sus tareas. Como lección a aprender es decisivo examinar muy cuidadosamente las tareas que deben realizar cada servicio, sección y equipo y valerse de las experiencias previas, antes de aprobar las relaciones de puesto de trabajo. Así mismo, al tiempo de redactar o revisar las RPT se deben primar los puestos singularizados frente a los puestos genéricos en los servicios procesales (SCOP y SCEJ).
• El cambio de organización supuso la pérdida de los centenares de rutinas no escritas que hacían funcionar los juzgados y tribunales. La lección a aprender en este caso es la necesidad de tener previamente elaborados con absoluta minuciosidad los protocolos de actuación procesal y de gestión de la totalidad de las tareas.
• Se ha detectado una tendencia a reproducir en la nueva organización vicios de la antigua, al extenderse un modelo de distribución lineal (por números y juzgados) del trabajo entre los funcionarios de los servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento y de ejecución. El resultado ha sido en algunos casos la mera deslocalización o desmembración de la antigua organización, sin real transformación del sistema de trabajo y sin incorporación generalizada de gestión transversal y especializada en la tramitación, lo que dificulta exprimir las ventajas y potencialidades del nuevo sistema. La lección a aprender es  la necesidad de garantizar un reparto flexible y no permanente de trabajo bajo criterios de especialización y optimización de tareas.

Junto a los problemas operativos que acaban de enumerarse, el modelo de NOJ implantado adolece de algunos problemas de diseño que lastran gravemente su adecuado desenvolvimiento y desarrollo. Problemas que se concretan y giran alrededor de la muy inadecuada conformación de las Unidades Procesales de Apoyo Directo y de la forma en que éstas interactúan con los servicios comunes procesales (especialmente con el SCOP). Un diseño carente de toda lógica desde el punto de vista organizacional y muy perturbador para garantizar el carácter instrumental que toda la organización ha de tener respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. Esta inadecuación está en el origen de muchas de las disfunciones observadas, concretamente: 

• la confusión de los respectivos espacios funcionales y de responsabilidad de las distintas dependencias que conforman la NOJ, generadora de inagotables tensiones y conflictos competenciales;
• un exasperante exceso de burocratización por la continua itineración de los procedimientos entre las distintas dependencias de la NOJ, especialmente entre los servicios procesales y las UPAD;
• la alarmante difuminación del control de unos expedientes de vocación nómada sin un repertorio o base digital de seguimiento y contraste como el que representaría la implantación del denominado Expediente Judicial Electrónico;
• la pérdida de información en la dación de cuenta que se viene realizando, pues quien despacha con el juez es un funcionario distinto de los que en el correspondiente servicio común tramitan y conocen los detalles del procedimiento;
  asimetría en la dotación de recursos humanos -funcionarios y secretarios judiciales- en las UPAD con sobredotación en algunos casos frente al SCOP; y
• la inaceptable desasistencia en que han quedado jueces y magistrados, tanto dentro como fuera de las salas de vistas, debido tanto a la salida de los secretarios judiciales de éstas (tan razonable como carente de alternativa), como a consecuencia de la indeseada carga de las UPAD con tareas de tramitación y gestión que dificultan, especialmente en determinadas jurisdicciones como la penal, un real apoyo al juez en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL. La directora del SCG, María López Márquez, explica el funcionamiento del servicio al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Dorado Picón. TSJRM

Consideramos absolutamente necesario rediseñar el modelo de la NOJ en un triple sentido:

•  El SCOP debe ser objeto de profunda reflexión en orden a establecer mecanismos que permitan una comunicación directa con jueces y magistrados, tanto en el ámbito de la dirección funcional como procesal.
• Devolver la UPAD a la función para la que fue inicialmente concebida, concentrada en exclusiva en el apoyo y auxilio al juez en sus tareas estrictamente jurisdiccionales. El resto de la tramitación y de las gestiones y actuaciones procesales, en la medida en que no requieran de intervención judicial, deberían quedar íntegramente concentradas en unos servicios comunes procesales (de ordenación del procedimiento y de ejecución) cuyos funcionarios despacharían directamente con jueces y magistrados en los momentos procesales en que fuera necesaria la intervención de éstos, sin la inútil y burocrática intermediación que actualmente desarrollan las UPAD. Naturalmente, este rediseño obligaría a una revisión de las actuales relaciones de puestos de trabajo de las UPAD, para ajustar en favor de los servicios netamente procesales (SCOP y SCEJ) su actual número de funcionarios tanto a las más limitadas funciones de auxilio y apoyo que éstas realizarían, como a las especialidades propias de cada jurisdicción y tipo de órgano.
• La modalidad de despliegue en cada territorio debe ser flexible y adaptable a las condiciones y circunstancias inherentes a cada orden jurisdiccional, así como las derivadas  del funcionamiento colegiado o unipersonal de los juzgados y tribunales, minimizando en todo caso el riesgo de migración de pendencias “tóxicas” de los antiguos órganos que lastren el arranque de los servicios procesales.

La NOJ no puede organizarse y funcionar al margen de los órganos de gobierno del poder judicial, en particular de las Salas de Gobierno de los TSJ y Decanatos. No estamos ante dos organizaciones -la de gobierno del poder judicial y la estructura jerárquica de los secretarios judiciales- eternamente paralelas en su funcionamiento. Cuando se produzcan disfunciones o haya que acometer acciones ejecutivas específicas que incidan en el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, la resolución de aquellos debe remitirse a un espacio gubernativo que está predeterminado legalmente: la Sala de Gobierno (152.1.12 LOPJ). La Inspección de las Oficinas Judiciales incumbe a los órganos de gobierno del poder judicial en una visión integrada con las atribuciones que legalmente se confieren a los Secretarios de Gobierno en la inspección de los servicios comunes.

La visibilidad del poder judicial ha de estar presente en la infraestructura judicial (edificios, despachos), en la documentación procesal (sentencias, providencias y autos) y en los expedientes.

La implantación del expediente digital y un adecuado y flexible sistema de gestión procesal, así como el buen funcionamiento de las TIC en los juzgados son herramientas imprescindibles para el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial.

Como conclusión, la alternativa a los problemas e ineficiencias detectadas en el curso de la experiencia de despliegue de la NOJ en Murcia no puede consistir en el nostálgico retorno a un pasado cuya ineficacia e ineficiencia quedó acreditada durante décadas. Por el contrario, el nuevo modelo ha demostrado su validez como alternativa imprescindible de futuro para la modernización del sistema de justicia en España. Es a nuestro juicio necesario profundizar en la reforma del sistema de Justicia y continuar con la extensión del nuevo modelo organizacional, pero corrigiendo los problemas conceptuales y de diseño detectados, y efectuando las adecuadas redistribuciones de personal revisando si procede la ORDEN JUS/3244/2005, de 18 de octubre y dotaciones presupuestarias, garantizando un mejor despliegue del modelo.

ARQUITECTURA. A la derecha la Fase I de la Ciudad de la Justicia, donde se ubican la Jurisdicción Contenciosa y Social, con la nueva Oficina Judicial. A la izquierda la Fase II que albergará al resto de Jurisdicciones. TSJRM

1.4 El Tribunal Superior y sus relaciones externas

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, ostenta la representación del Poder Judicial en la Región de Murcia. Por ello la comunicación de la Presidencia y la Sala de Gobierno con las distintas Comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es permanente. Pero, además, los dos vocales territoriales del CGPJ, Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, y Miguel Carmona, tuvieron una presencia particularmente intensa en la Región durante 2011. A sus visitas ordinarias a los diferentes partidos judiciales de la Región y con ocasión de la Apertura de Tribunales en Murcia, se sumaron varias visitas extraordinarias y decisivas con ocasión de la implantación de la Oficina Judicial y los terremotos en el partido judicial de Lorca

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Protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 26 de mayo de 2011 encomienda a la Comisión de Estudios e Informes la elaboración de un  Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de grandes catástrofes. Documento que fue aprobado el 15 de noviembre por la citada comisión, presidida por el vocal Claro José.

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ACUERDOS LORCA. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, escucha al alcalde de Lorca, Francisco Jodar, antes de la celebración de la Sala de Gobierno Extraordinaria, celebrada en este partido. TSJRM

En sus antecedentes, el Protocolo aprobado recoge que para su redacción “de manera prevalente, se ha tenido en cuenta la eficaz labor desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con ocasión del reciente terremoto acaecido en la ciudad de Lorca. El examen del conjunto de actuaciones allí desarrolladas constituye un instrumento de gran utilidad para constatar los distintos aspectos prácticos a los que ha tenido que enfrentarse la actuación judicial, además de ser revelador de la reconocida excelencia de la labor desarrollada en aquellas circunstancias por la organización judicial, en la que el celo profesional con que se ha actuado ha permitido suplir las carencias de un marco planificador de referencia, que es el que ahora se pretende suministrar”.

El Consejo General del Poder Judicial en el despliegue de la NOJ

El Pleno del CGPJ acordó crear la constitución de un grupo específico de apoyo al despliegue de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), coordinado por el vicepresidente, Fernando de Rosa Torner y el vocal, Carles Cruz Moratones, y compuesto por siete decanos, entre ellos el del partido judicial de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero.
El Grupo Judicial de Apoyo al Despliegue de la Nueva Oficina Judicial se constituyó en enero de 2011 y, entre otras actividades, ha editado varios documentos de consulta para jueces y magistrados, así como informes semestrales de recomendaciones.

Además, dentro del denominado Plan de Gestión del Cambio de Miembros de la Carrera Judicial para el Despliegue de la NOJ, se encuentran las visitas que los vocales Fernando de Rosa Torner, Carles Cruz Moratones, Miguel Carmona Ruano y Antonio Dorado Picón, han realizado en sucesivas visitas a Murcia. Así como la celebración de sucesivos encuentros sobre Nueva Oficina Judicial, en los que la ciudad de Murcia contó con las visitas de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Rio; la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva; y Castilla la Mancha, Vicente Rouco.

VISITA PRESIDENTE DE TSJ. El presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río, hace una valoración del despliegue de la Oficina Judicial a Onda Regional de Murcia. TSJRM

A finales de año, y sobre la base del análisis del Informe sobre la Nueva Oficina Judicial del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, los vocales de Modernización se reunieron con el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Abel Ángel Sáez, de la Sala Social, Rubén Antonio Jiménez, de la Audiencia Provincial de Murcia, Andrés Pacheco, el Magistrado decano de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados coordinadores del orden Penal, José María Pérez-Crespo y María Dolores Nogueroles, respectivamente, así como con el secretario de Gobierno, Javier Parra, y el fiscal Superior, Manuel López.
La relación institucional que, a través de la Secretaría de Gobierno, el TSJ de Murcia mantuvo con el Ministerio de Justicia, encargado de la gestión de los medios personales y materiales de la justicia murciana, fue excepcionalmente destacada en el 2011 por el despliegue de la Nueva Oficina Judicial de forma pionera en la Región y la necesaria gestión del importante cambio en la organización. Además del intercambio permanente de información a través del secretario de Gobierno, Javier Parra García, la secretaria Coordinadora Provincial, Nieves Sánchez Ruiz, y las directoras de los Servicios Comunes Procesales General, de Ordenación y de Ejecución, María López, Josefa Sogorb y Concepción Montesinos; diferentes directores generales visitaron la Ciudad de la Justicia en numerosas ocasiones y se reunieron con miembros de la Sala de Gobierno del TSJ y los titulares de los diferentes órganos implicados.

Comisión Territorial de Calidad

En junio, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, se reunía con las directoras de los Servicios Comunes Procesales para evaluar la evolución del Plan de Apoyo (PAC), la implantación del sistema de calidad y la marcha de los servicios en general. Posteriormente, se entrevistaba con el decano de los jueces y la secretaria Coordinadora Provincial, para comprobar los avances de los grupos jurídicos creados.

Igualmente el Ministerio de Justicia ha mantenido contactos con los presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo del TSJRM, y los diferentes jefes de sección, para atender sus peticiones de refuerzos en las UPAD y solventar las disfunciones en sus relaciones con los servicios comunes.

Además los contactos con todos los colectivos jurídicos implicados en la nueva organización fueron continuos. Así, la Comisión Territorial de Calidad, ha mantenido varias reuniones, en las que se ha dado cuenta de los informes realizados. Datos que también se han ido trasladando a los decanos de los colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

Por otra parte, y a pesar de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no asumiera las competencias de Justicia y desapareciera la recientemente creada Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana, se mantuvieron los contactos con el Ejecutivo Autonómico para la definición del Plan de formación continua de jueces y el Programa del Foro de Estudios Judiciales Europeos Dámaso Ruiz Jarabo, que se desarrollan en la Región, gracias a sendos convenios de colaboración entre la Comunidad de Murcia y el Consejo General del Poder Judicial.

Convenio de Formación Descentralizada de Jueces y Magistrados

COMISIÓN SEGUIMIENTO FORO EUROPEO. El consejero de Presidencia, Manuel Campos, en el centro; de espaldas, el secretario General, José Gabriel Ruiz; a ambos lados de la mesa representantes del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia y Foro de Estudios Judiciales Europeos. TSJRM

En la reunión de la Comisión de Seguimiento, convocada por el consejero de Presidencia, Manuel Campos, estuvieron presentes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, los vocales Fernando de Rosa y Miguel Carmona. Además de los coordinadores del Foro Ruiz Jarabo, Rubén Antonio Jiménez Fernández, Joaquín Moreno Grau y Javier Luis Parra García; el coordinador del Plan de Formación, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero.
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Superior de Justicia mantienen una total colaboración institucional, y sus representantes participan de forma muy activa en eventos, actos institucionales, proyectos divulgativos o cursos formativos.
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma

Destaca en este punto, la presentación de la Memoria del Ministerio Fiscal, que cada año realiza el fiscal Superior, con ocasión de la apertura de tribunales y el solemne acto de jura o promesa de las abogadas fiscales de la Fiscalía de Área de Cartagena, Carmen Panadero Lozano, Ángela Isabel Gil, Elena-María González Arévalo y el abogado fiscal de la Sección Territorial de Cieza, Rafael-Ignacio Mateo Carmona, con motivo de su nombramiento.

TRAYECTORIA. Francisco Vidal, funcionario de Gestión Procesal, toma la palabra emocionado, después de la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. TSJRM

Protocolo con el Consejo de Procuradores de España

Diversos acuerdos, protocolos, así como unas cordiales relaciones basadas en la colegiación de esfuerzos, afianzan las relaciones que el TSJRM con los Colegios de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. Profesionales que durante el 2011 participaron muy activamente en los programas de gestión del cambio de Oficina Judicial promovidos por la Secretaría de Gobierno. Al protocolo de colaboración suscrito con el Colegio de Abogados de Murcia, el pasado año, se suman otros suscritos con el Consejo General de Procuradores de España, con el objetivo de promocionar mejores prácticas entre oficinas judiciales y los profesionales de la Procura y contribuir a un mejor conocimiento del nuevo modelo de oficina judicial. Documento que contemplaba la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de una Guía de orientación a los procuradores y ayuda a las comunicaciones con las oficinas judiciales.

IMPLICACIÓN NACIONAL. Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de Procuradores de España, Juan Martínez Moya, presidente del TSJ y Javier Parra García, secretario de Gobierno, acompañados por los decanos de los Colegios de Procuradores de Cartagena, Lorca, Murcia y Yecla, Milagrosa González, José Hurtado, Nieves Cuartero y Manuel Azorín. TSJRM

Protocolo con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles

Registradores y Notarios de la Región de Murcia colaboran igualmente en numerosos eventos institucionales y formativos organizados de manera conjunta, de forma particular a raíz de la entrada en vigor de la nueva Oficina Judicial.  Además el TSJ suscribió este año un protocolo con el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Juan de la Cierva Carrasco, para mejorar las comunicaciones entre los juzgados y registros de la Región. El objetivo es impulsar la cooperación entre ambas instituciones para que las actuales comunicaciones se hagan vía electrónica. Para ello se crea un grupo de trabajo que elaborará un manual y que establecerá las prácticas que puedan, según el acuerdo suscrito, conducir “en el futuro a tramitar de forma automatizada por vía electrónica los mandamientos de embargo y otras comunicaciones” que se remitan desde las oficinas judiciales a los registros de la propiedad y mercantiles.
A este protocolo se suma el firmado con la delegación en Murcia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con los que el Tribunal Superior pretende fomentar la cooperación con otros operadores jurídicos, facilitando sus relaciones con la Administración de Justicia y contribuyendo así a que los procedimientos avancen con agilidad, y el ciudadano pueda obtener una respuesta más rápida.

El protocolo suscrito con la delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Murcia, María Concepción Carrera Villalante, contempla también la creación de un grupo de trabajo para optimizar recursos en materia de cesión de información tributaria por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a Juzgados y Tribunales.

EN LÍNEA CON LA AEAT. El Tribunal Superior de Justicia suscribe un acuerdo con la delegada territorial de la Agencia Tributaria en Murcia. TSJRM

El Tribunal Superior, además, ha fomentado reuniones y trabajos de colaboración con otros colegios profesionales como Economistas, Titulados Mercantiles, Psicólogos, Periodistas, Médicos, Enfermería, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria… Fruto de estas colaboraciones, el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Murcia distinguió con la Medalla de Oro del Colegio al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya.

Además, Martínez Moya, clausuró las Primeras Jornadas Técnicas. La pericia judicial inmobiliaria y su relación con las novedades estructurales de la Administración de Justicia en Murcia. Previamente, la decana del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, María Dolores Alcocer-Aguilar y García, suscribía un protocolo con el TSJRM.

REPRESENTACIÓN. Representantes de administraciones, instituciones, colegios profesionales de la Región de Murcia, entre los numerosos asistentes a la Apertura del Año Judicial. TSJRM

Fundamentales son también las relaciones de colaboración con distintas administraciones e instituciones de representación social: Comunidad Autónoma, Delegación del Gobierno, Ayuntamientos y Universidades. A todos ellos el presidente del TSJRM presentó el balance de actividades contenido en la Memoria Judicial 2010, en su comparecencia ante la Comisión designada de la Asamblea Regional.

La formación también es un elemento clave para el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y de ahí las intensas relaciones mantenidas con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio, y especialmente con las Facultades de Derecho y las Escuelas de Práctica Jurídica. Ejemplo fue la participación del presidente en el V Congreso Internacional de Derechos Humanos.

Igualmente, la Presidencia garantiza el necesario protagonismo del Poder Judicial con su presencia en actos de relevancia pública organizados por los medios de comunicación, asociaciones de carácter social o cultural; muchos de cuyos representantes tuvieron audiencia en el TSJRM durante el 2011.

Muy destacada es también la implicación del TSJRM con las actividades del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia o la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, que este año incorporó como miembro a la magistrada de la Audiencia Provincial, Pilar Alonso Saura.

Un año más el presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia se integró en la Sala de Gobierno con ocasión de la Apertura de Tribunales. En esta ocasión, su presencia tenía una especial trascendencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia quiso rendir un homenaje a esta institución, un tribunal consuetudinario que nació en nuestra huerta, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

La Administración de Justicia de la Región quiso destacar con este reconocimiento la autoridad y respeto que ofrece esta institución. Y el ejemplo de cómo la sociedad, en sus diferentes sectores profesionales, supo encauzar la resolución de los conflictos. Que no pese en nuestros oídos el lamento que hace ya más de cien años expresaba el ilustre jurista murciano Díaz Cassou, al denunciar que “no damos ciertamente a esta justicia la importancia que realmente tiene…, pero es nuestro deber sostenerla con su gran prestigio”, concluía el presidente del TSJ en su discurso.

EL SABER DE LA EXPERIENCIA. El decano de jueces, Miguel Pascual del Riquelme, a los miembros del Consejo de Hombres Buenos en una de sus sesiones preparatorias. TSJRM

Mención especial merece la labor del Instituto de Medicina Legal y la Policía Judicial de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, destacando las Unidades de Policía Judicial, cuyo balance anual de actividad se incluyen en forma de Anexo.
Tras la presentación de la Memoria del Instituto de Medicina Legal, por parte de su director, Rafael Bañón González, y la Subdirectora General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, Isabel Tarazona Lafarga; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, presidió el acto de toma de posesión de las Médicas Forenses destinadas la Región de Murcia Jenifer Marcos Pérez, Ana María Ciudad Barba y María Dolores Fuentes Bermejo.

1.5 Cooperación judicial internacional

1.5.1 Cooperación y asistencia judicial internacional

En el área de auxilio judicial internacional, subrayar la labor llevada a cabo en estos últimos años por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su empeño y, a su vez, ilusión de continuar con la aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por España, en donde la comunicación directa entre autoridades judiciales sin intermediación de la Autoridad Central y dependiente del Ministerio de Justicia continúa siendo un éxito cada vez mayor, como viene reflejado, traduce en una disminución continuada de comisiones rogatorias activas.
Indicar que, en el marco de estructuras de agentes institucionales para la facilitación del auxilio judicial internacional puestas en su día a escala nacional y europea, el TSJ cuenta con un específico punto de contacto representante en España de las redes judiciales europeas, (EJN penal y EJNCC civil), así como Iberoamericana (IberRED), a través del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Javier L. Parra García. Además, a los corresponsales regionales de las redes de expertos de jueces (REJUE) y Fiscales, se ha unido un nuevo miembro con la red de secretarios judiciales expertos en cooperación judicial, (RESEJ), siendo los siguientes:

1. Francisco García Rivas, Secretario Judicial del Juzgado de Familia, miembro de la RESEJ.
2. María Poza Cisneros, Magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, corresponsal de la REJUE.
3. José Guillermo Nogales Cejudo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Murcia, corresponsal de la REJUE.
4. Francisco J. Escrihuela Chumilla, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, corresponsal de la Red de Cooperación del Ministerio Público.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, así como los órganos judiciales que los integran, en aplicación de la normativa europea en materia internacional y el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados Miembros de 2000, continua prestando la asistencia jurídica necesaria que posibilita el desarrollo del sistema de auxilio judicial internacional, constatándose un avance progresivo en la consecución de los objetivos marcados en un principio y que se reflejan en el siguiente gráfico, con una disminución de comisiones rogatorias activas durante los años 2010 y 2011, tal y como se indico anteriormente, no sucediendo lo mismo con las pasivas.

En el año 2011, se registraron 17 comisiones rogatorias activas y 24 comisiones rogatorias pasivas.

Por último, indicar que el instrumento tecnológico para la obtención de pruebas en el extranjero, es decir, las videoconferencias, sigue siendo una realidad en la actividad jurídico-procesal de los distintos órganos judiciales civiles, mercantiles y penales ubicados en la Región de Murcia.

1.5.2 Apostillas y legalizaciones

Introducción. ¿Para qué la apostilla?
¿Qué es preciso para que un certificado de nacimiento del Registro Civil de Murcia pueda inscribirse y produzca efectos en el registro mexicano?, ¿puede presentarse para exequátur directamente ante los tribunales de Florida una sentencia de divorcio de un matrimonio hispano norteamericano dictada por un Juzgado de Familia de Cartagena?,  ¿qué requisitos son precisos para que un poder notarial de representación otorgado en Lorca tenga efectos ante la Administración pública rusa?...

En una sociedad internacionalizada, con crecientes movimientos migratorios, sociales, culturales y comerciales, los intercambios suelen llevar aparejadas consecuencias de índole legal. Cuando estas consecuencias han de producirse en otro país distinto a través de la eficacia de documentos de contenido legal, hablamos de tráfico jurídico internacional. A tal efecto, se han puesto en marcha la apostilla o legalización simplificada  a fin de evitar las complejidades y dilaciones que –de ordinario- comporta la legalización diplomática. Esta solución jurídica tiene su amparo en el Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

La apostilla actúa a modo de un “salvo conducto” documental acreditativo del origen del documento público que va anejo, (según el artículo 5 del Convenio, la apostilla certificará la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento lleve). Por tanto, la calificación jurídica del documento original corresponde al Estado de recepción, pues en modo alguno la apostilla implica la aceptación, admisibilidad o eficacia probatoria, y es que, como recuerda la Comisión Especial de la Conferencia de La Haya de 1989, estas verificaciones sobre el documento original “siguen estando sujetos al Derecho del Estado de destino”. Dicho de otro modo, la apostilla se limita a la legalidad externa del acto documental que la provoca, no a su contenido, fiabilidad o exactitud. Es un hecho innegable el que las apostillas hacen más ágil y expeditivo el tráfico jurídico internacional, facilitan diariamente de manera importante el movimiento documental internacional. Buena prueba de la utilidad de las apostillas y de la vitalidad del Convenio son las cifras que nos muestran la frecuencia de su uso: miles de utilizaciones diarias a efectos de tráfico jurídico internacional. Es posiblemente el convenio de la Conferencia al que se recurre con más asiduidad, según la Conferencia, sólo en 2008 se alcanzaron cerca de cinco millones de movimientos documentales con el soporte apostilla.
El TSJ de Murcia y el proyecto internacional e-APP

En materia de apostillas, el TSJ de Murcia ha mantenido desde 2008 una posición relevante en el escenario internacional. De hecho, fue la primera autoridad competente europea, (Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia), que comenzó a sustituir el formato papel por el electrónico en la emisión de apostillas convirtiéndose en la primera jurisdicción del mundo que a finales de 2008 había logrado –en un supuesto de adopción internacional de menores entre España y Colombia- un completo proceso de expediente electrónico incorporando apostilla con firma electrónica reconocida sobre un documento público igualmente con firmado electrónicamente. El acontecimiento fue recogido por distintos medios de comunicación y aún hoy puede consultarse la reseña de prensa en la Web oficial del programa: así como en el portal oficial de la Conferencia de La Haya: w

ww.hcch.net
Sin embargo, la experiencia del TSJ de Murcia, aún con todos los éxitos con los que fue reconocida, se limitó, dentro de los dos componentes que comporta el e-APP, al primero de ellos: la expedición de apostillas electrónicas, quedando fuera por consciente decisión de los promotores, la herramienta e-Registro, y ello por entender que una plataforma de esa naturaleza debía estar destinada a albergarse en sede electrónica de ámbito estatal. Lo que sí se asumió es la labor de transmisión de la e-apostilla a alguna legación diplomática, como fue el caso del Consulado de Ecuador en España, a los efectos de inscripción de nacimiento de ciudadanos ecuatorianos en el registro consular sobre la base del certificado del Registro Civil español.