TSJ Región de Murcia, MEMORIA 2005

PRESENTACIÓN

Nuevamente es hora de hacer público un balance del estado de la Justicia en la Región de Murcia referido al año 2007. Lo exige el artículo 152.1. 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando atribuye a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia la elaboración de una memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal, refiriéndolo al 31 de diciembre, precisando que “la memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas”.

Como viene siendo habitual, el índice temático de esta memoria anual se construye sobre una estructura presidida por la visión integral que viene proyectando el Tribunal Superior de Justicia en la Región. Actividad gubernativa, costes de la justicia, funcionamiento de los Juzgados y Tribunales de la Región, relaciones institucionales, actividades formativas, relación de necesidades y medios de comunicación.

Un documento técnico como es una memoria anual de la actividad judicial, con sus cifras y gráficos, no deja de ser una figura poliédrica que tiene la ductilidad de mostrarse en distintas dimensiones. Tiene lados descriptivos (los datos estadísticos), otros analíticos (que permite diagnosticar las disfunciones del sistema), y éstos se desdoblan en planos más activos que se traducen en propuestas de medidas. A su vez, cronológicamente estas facetas se proyectan en dimensiones temporales distintas: el pasado (para conocer la evolución del aumento de la litigiosidad y la capacidad de respuesta de los tribunales que sirva como elemento de comparación) y el presente (realidad de la que partimos). Todo ello para afrontar el futuro de la Administración de Justicia en la Región teniendo en cuenta el presente y conociendo el pasado, que viene en definitiva a plasmarse en las páginas que siguen. Pronóstico que lo hacemos con la mirada puesta en lograr el máximo grado de aceptación, de eficacia y de confianza del ciudadano.

Sirva para empezar los datos relativos a volumen de ingreso y crecimiento de planta judicial.

Los órganos judiciales de todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-administrativo) en nuestra Región ingresaron 254.793 asuntos en 2007. Resolvieron 251.983 asuntos. Casi quince mil asuntos más de ingreso con relación al año anterior y una tasa de resolución equivalente.

El número de magistrados y jueces por 100.000 habitantes en fecha 31 de diciembre de 2007 se situaba en 8,76. En 2004 y 2005 apenas superaba el 7,2. Pese al importante incremento, la Región de Murcia sigue estando la penúltima en dicha ratio. Con todo, el trienio 2005-2008 el crecimiento de planta judicial en toda la región no es desdeñable: 29 unidades judiciales. Al término de 2008 contaremos 133 jueces y magistrados en la Región. Crecimiento de planta judicial que ha venido acompañado –aunque no en la medida acorde a las crecientes necesidades- del número de secretarios judiciales, fiscales y funcionarios judiciales.

No es esta ocasión, ni lugar, para abrumar con las cifras. Ese supuesto alejamiento objetivo (“la frialdad del dato estadístico”) necesariamente integrado en una memoria judicial no puede tampoco verse como una debilitación, sino como un reforzamiento metódico, semejante al que pone en práctica el saltador cuando retrocede frente al obstáculo precisamente para superarlo mejor. En pocas palabras: un balance, con datos fidedignos, nos da seguridad en el diagnóstico del estado de la justicia en la región, al tiempo que perspectiva en la elaboración de propuestas y proyectos a sugerir al Consejo General del Poder Judicial y a la Administración Pública competente en materia de administración de justicia. Pero tampoco, nuestro balance debe estar exento de autocrítica.

III

La planta judicial debe estar adecuada a la real litigiosidad de nuestra sociedad. Y esto debe producirse simultáneamente aumentado el número de jueces, al tiempo que llevando a cabo un estudio científico de la planta y sus necesidades reforzando en medios personales y materiales la oficina judicial.
Este estudio lo viene haciendo con regularidad la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. En 2007 se cumplieron, al menos, las prioridades de las propuestas hechas por este órgano de gobierno dirigidas al Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial. Se constituyeron en total cinco nuevas unidades judiciales: el segundo Juzgado de Violencia sobre la mujer en Murcia, el tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Caravaca; el sexto juzgado mixto en Molina de Segura, un Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer en Cartagena, y finalmente, una plaza más en la Audiencia Provincial.
La próxima creación de seis nuevas unidades judiciales previstas para finales de 2008 (dos juzgados de lo contencioso-administrativo en Murcia, el cuarto juzgado de primera instancia e instrucción en Cieza, el sexto juzgado en San Javier, el segundo juzgado de lo penal en Lorca y el segundo juzgado de primera instancia e instrucción en Jumilla) se inscriben en esa línea de crecimiento de planta judicial en toda la región, con la finalidad de atender el progresivo e imparable incremento del volumen de asuntos ingresados en los órganos judiciales. La creación de estas concretas unidades judiciales fue sugerida por la Sala de Gobierno del TSJ. La lista, por supuesto, arrojaba cifra muy superior. Ello ha obligado a que recientemente la Sala de Gobierno haya vuelto a hacer un primer estudio integral de planta judicial ofreciendo una estimación del crecimiento de unidades judiciales para 2009. Específicamente para el año judicial venidero las propuestas de nueva creación de órganos judiciales: a) alcanzan en número diez unidades judiciales; b) se ordenan por prioridad, en la que los juzgados de lo Penal –imprescindible en Cartagena- , ocupan un lugar preeminente; y c) se extienden a todos los órdenes jurisdicciones.
Lo que interesa destacar es que la Sala de Gobierno del TSJ cuando se trata de proponer a la Administración competente nuevas unidades judiciales emplea un método de trabajo armónico con el fijado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. El crecimiento de planta debe estar soportado sobre indicadores (módulos de entrada –asuntos que ingresan en cada órgano judicial-), y a partir de aquí combinándolo con otros datos extraídos de fuentes como las inspecciones y población. A partir de ahí la regla es priorizar, puesto que las necesidades son muchas y crecientes y los recursos escasos y hay que establecer fórmulas de racionalización. Esos son los ingredientes que componen la fórmula de la Sala de Gobierno del TSJ para adoptar medidas, sin olvidar, por supuesto, el mantenimiento de un equilibrio regional. Sólo así es factible delimitar objetivos claros, lograr credibilidad y obtener resultados.

Ahora bien, el incremento numérico hay que concordarlo con esa gran asignatura pendiente que es la organización, la racionalización de medios personales y materiales, en suma, la mejor gestión. Esa nueva gestión tiene nombre y vehículo propios: la oficina judicial; y una medida instrumental expresa: las tecnologías de la información y telecomunicación. Mientras sigamos anclados en viejos esquemas organizativos, poco podemos avanzar y adentrarnos en una justicia moderna sin el impulso legislativo urgente de las reformas procesales pertinentes para adaptar el diseño de oficina judicial dibujada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es cierto que reclamamos más medios personales y materiales, pero también somos conscientes de que la solución al problema pasa también por la correcta gestión de medios.

Por ello, pese a estos imponderables, desde la Sala de Gobierno de este TSJ se ha apostado por acoger e introducir fórmulas de diversa naturaleza y funcionalidad como el sesgo común de estar orientadas a ofrecer una mejor prestación del servicio público de la justicia en términos de agilidad, eficacia y calidad. Es el caso de la implantación del servicio de subastas judiciales electrónicas, de desahucios rápidos, la especialización (separando civil y penal) de cuatro secciones de la Audiencia Provincial de Murcia, el traslado de las oficinas de decanato a la I Fase de la Ciudad de la Justicia, embrión, sin duda, de la ventilla virtual única.

Mostraremos en gráficos una valoración estadística comparativa de los diferentes órganos judiciales, tasa de resolución y pendencia en la tramitación. Pese al esfuerzo resolutivo, preocupante es la tasa de pendencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y sobre todo de determinados órganos judiciales mixtos (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) de partidos judiciales como los de Totana, San Javier, Cieza, Jumilla y Molina de Segura.

Y como principal innovación reflejaremos también cifras y gráficos de una valoración estadística de los diferentes órganos judiciales en la vertiente del a tutela judicial efectiva que comporta la ejecución de resoluciones judiciales. El artículo 117 de la Constitución Española establece que la función jurisdiccional atribuida a Jueces y Magistrados se integra básicamente en “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. No obstante, debe observarse que la función constitucional de que los jueces lleven a término las sentencias, se limita a garantizar y promover el cumplimiento; habiendo de hacerse además en los concretos términos expresados en la Ley. Y en este punto el cumplimiento racional y ordenado de los actos de ejecución integra, y es esencia misma, el ámbito de organización de la oficina judicial.

El abandono en el que se encuentran los Registros Civiles de la región aconseja la modernización de los mismos, en tanto constituyen la necesaria garantía del estado civil de las personas, lo que debe traducirse en la adecuada dotación de los medios materiales con que cuenten los Encargados, la conexión informática entre ellos, y la necesaria unificación de los criterios a la hora de interpretar la normativa aplicable. Un logro conseguido ha sido la nueva ubicación del registro Civil de Murcia en una sede más moderna, mejorando las condiciones de accesibilidad del ciudadano. El siguiente paso a emprender es la reubicación en un nuevo local del Registro Civil de Cartagena, en espacio acorde, amplio, funcional con el servicio público al que se contrae. Su sede actual, completamente colmada, en la actualidad provoca grandes incomodidades al usuario y al personal por problemas de espacio y proximidad con las dependencias del juzgado de guardia. Además el Registro Civil de Cartagena, por su entidad y carga de trabajo, debería organizarse en régimen de exclusividad sin compartir otras tareas jurisdiccionales como sucede en la actualidad al estar atribuida esa función al Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Cartagena.

Asimismo, los juzgados de primera instancia e instrucción que asumen la materia de violencia de género tienen serias disfunciones, tanto por la sobrecarga de trabajo como por la dificultad de compatibilizar la atención de los asuntos de esta naturaleza con los restantes. Con todo, la Sala de Gobierno ha estado atenta al problema y periódicamente ha valorado y adoptado medidas dirigidas a compensar las cargas de trabajo en los órganos judiciales afectados. Nuevamente hemos de reiterar como fórmula eficaz para mejorar su funcionamiento es atribuirle competencia comarcal, y en este punto con relación al Juzgado de Violencia exclusiva se torna aconsejable. Y en el horizonte quizás estén propuestas más avanzadas, que eliminen la tradicional, y probablemente desfasada división judicial en partidos judiciales, y se empleen fórmulas territoriales más homogéneas y coherentes con las sociedades del siglo XXI, en el que la facilidad de las comunicaciones y la concentración de edificios judiciales racionalicen el funcionamiento de los órganos judiciales.

También se han producido algunos avances en el capítulo de infraestructuras judiciales. El año 2007 contó con el moderno edificio de Juzgados de Cieza, sumándose así a los edificios judiciales de Totana y Jumilla. Sin embargo, el mapa de edificios adolece de importantes lagunas: la II fase de la Ciudad de la Justicia (cuyas obras están autorizadas y presupuestas); la legítima aspiración para que la ciudad de Lorca cuente con una sede judicial moderna pero acorde a su entidad histórico-patrimonial; el rápido agotamiento del edificio judicial de Cartagena que aboca a plantearnos – y ya se han dado pasos para ello- un nuevo espacio arquitectónico a modo de Campus Judicial y la remodelación del Palacio de Justicia en la Avd del Río Segura. En el horizonte, el nuevo edificio de juzgados en Mula y la necesidad de acometer un nuevo edificio judicial en Caravaca.

En el curso de la elaboración de esta memoria varias circunstancias.

Por una parte, los efectos de una huelga de casi dos meses de duración, que ha trastocado tiempos de respuestas que se calibrarán a finales del presente año.

Por otro lado, el contexto propio de la culminación de los procesos de transferencias pendientes en materia de medios de la Administración de Justicia, conscientes de que con ello las Comunidades Autónomas contribuyen desde principios de eficacia y cercanía a la mejora del funcionamiento del servicio que prestan los órganos judiciales. Las Administraciones Públicas concernidas (Gobierno Central y Autonómico) deben tomar conciencia del fin en sí mismo que supone asumir y compartir responsabilidades en la conformación del servicio público de justicia, si cabe de los más esenciales en lo público desde el momento en que no admite otra forma de prestación que sujeto a un régimen jurídico público.

Asimismo también en el escenario la crisis institucional en la renovación de nuestro órgano máximo de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

En otro orden de cosas el signo de normalidad institucional ha presidido las relaciones institucionales del TSJ con los Colegios Profesionales (los tres Colegios de Abogados de la región, el de Murcia, Cartagena y Lorca, y los de Procuradores, así como el de Graduados Sociales, el Notarial y el de los Registros de la Propiedad), y como no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policías Locales). La Justicia no es cosa sólo de los jueces, sino de todos, y para el funcionamiento de la justicia, hay que sumar esfuerzos, sumar y no restar, componer soluciones que sea útiles, eficaces y que garanticen siempre la independencia judicial que, en definitiva, es un derecho del ciudadano al que servimos.

Sigue inalterable la regla de que la crítica dirigida contra las resoluciones judiciales produce efectos saludables. No sólo es expresión de un derecho fundamental sino que, además produce efectos beneficiosos desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema. Ahora bien, en pocos ámbitos es más necesaria esa recíproca adecuación entre los principios y la responsabilidad que en el que se refiere a la crítica necesaria y saludable. En este terreno, la labor del Gabinete de prensa y Comunicación del TSJ viene siendo fundamental. Van cumpliéndose los objetivos de lograr una mayor comprensión de la labor judicial, que permite conocer incluso sus propias limitaciones, y de facilitar la información a los ciudadanos a través de quienes son fiduciarios de la información judicial: los medios de comunicación. El seminario informando en justicia, impartido organizado por el Gabinete de Comunicación del TSJ cuyo destinatario ha respondido a esta finalidad.

La región ha destacado un año más en la formación de jueces de toda Europa, consolidando el Foro Permanente de Estudios Judiciales Europeos; y jueces y magistrados de la región se han involucrado en la educación de los más jóvenes en el Proyecto Educando en Justicia, del que ha nacido la figura del Juez de Paz educativo.

Es momento de cerrar esta presentación. Y lo hago también con un recuerdo simbólico. En septiembre pasado jueces y secretarios judiciales de la región, junto con otros operadores jurídicos, conmemoramos con una publicación el décimo aniversario del Libro Blanco de la Justicia (Consejo General del Poder Judicial, 1997) resultado del principal intento de diagnóstico del estado de la justicia y del primer diseño estratégico para adentrarnos en la justicia del siglo XXI. El Libro Blanco y después el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, fueron ejemplo de esa nueva actitud. La propia del espíritu de concordia y consenso que marcaron las necesarias líneas de transformación de la prestación del servicio público de justicia.

Eso es lo que demandan los ciudadanos, y a eso aspiramos. Ocioso es decir que ningún tribunal puede quedar a resguardo de la crítica tanto de la opinión pública como de la comunidad de los juristas. Y somos plenamente conscientes que nos queda mucho por mejorar, y aspirar a que con la calidad y cantidad de nuestro trabajo los tiempos de tramitación y respuesta sean mejores, las quejas de los ciudadanos sobre atención respetuosa (puntualidad, horarios…) disminuyan al máximo.

Esta es la misión de esta pequeña empresa. La importancia de la presente publicación no sólo radica en compartir su contenido con los otros Poderes del Estado, con las Administraciones Públicas (Autonómica, Central, Local), organismos y otras instituciones, sino llegar a la sociedad, a la ciudadanía. De ahí que hayamos desplegado nuestro esfuerzo por acercamos a la realidad de la Justicia en la región no sólo con la mirada de operadores jurídicos, sino también con los ojos del ciudadano. Un paso más hacia la transparencia de la Justicia. Por eso este libro aspira a ser una forma de conocer nuestra región desde la perspectiva de la Administración de Justicia, que en fechas próximas aspira a tener una dimensión mayor con la propuesta de elaboración de un Libro Verde de la Administración de Justicia en nuestra Región.

JUAN MARTÍNEZ MOYA
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia