TSJ Región de Murcia, MEMORIA 2005

PRESENTACIÓN

Es este el momento de hacer público un balance del estado de la Justicia en la Región de Murcia referido al año 2006.

Conviene retener el origen, fundamento e importancia de la elaboración y publicidad de la memoria anual de la actividad judicial en nuestra Región. En primer término, porque lo exige el artículo 152.1. 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando atribuye a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia la elaboración de una memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal, refiriéndolo al 31 de diciembre, precisando que “la memoria deberá contener, en todo caso, la indicación de las medidas que se consideren necesarias para la corrección de las deficiencias advertidas”.

Y en segundo lugar, porque la importancia de la presente publicación no sólo radica en compartir su contenido con los otros Poderes del Estado, con las Administraciones Públicas (Autonómica, Central, Local), organismos y otras instituciones, sino llegar a la sociedad, a la ciudadanía. De ahí que hayamos desplegado nuestro esfuerzo por acercamos a la realidad de la Justicia en la Región no sólo con la mirada de operadores jurídicos, sino también con los ojos del ciudadano. Un paso más hacia la transparencia de la Justicia. Por eso este libro aspira a ser una forma de conocer nuestra Región desde la perspectiva de la Administración de Justicia.

El índice temático de esta memoria anual se construye sobre una estructura presidida por la visión integral que viene proyectando el Tribunal Superior de Justicia en la Región. Actividad gubernativa, costes de la Justicia, funcionamiento de los Juzgados y Tribunales de la Región, relaciones institucionales, actividades formativas, relación de necesidades, medios de comunicación, y, además, engloba las memorias procedentes de Fiscalía, Instituto de Medicina Legal y Unidad de Policía Judicial.

Los datos, circunstancias y gráficos perfilan y dibujan el estado, el funcionamiento y la actividad de los Juzgados y Tribunales. La relación de necesidades en recursos humanos y materiales apremian, y urge especialmente situarse en la vanguardia de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la gestión procesal y gubernativa de los órganos judiciales. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) apuesta decididamente por una Administración de Justicia inmersa en la sociedad de la comunicación telemática.

Un documento técnico como es una memoria anual de la actividad judicial, con sus cifras y gráficos, no puede, ni debe, dejar escapar el factor humano. Del ciudadano, de la víctima como destinatarios y usuarios de la prestación del servicio público de Justicia. También de quienes trabajan con entusiasmo en defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos (Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Personal Laboral, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Médicos Forenses, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, Abogados del Estado), y de las Administraciones Autonómica y Local. Con todo, ese supuesto alejamiento objetivo (“la frialdad del dato estadístico”) necesariamente integrado en una memoria judicial no puede tampoco verse como una debilitación, sino como un reforzamiento metódico, semejante al que pone en práctica el saltador cuando retrocede frente al obstáculo precisamente para superarlo mejor. En pocas palabras: un balance, con datos fidedignos, nos da seguridad en el diagnóstico del estado de la Justicia en la Región, al tiempo que perspectiva en la elaboración de propuestas y proyectos a sugerir al Consejo General del Poder Judicial y a la Administración Pública competente en materia de administración de Justicia. Pero tampoco, como el lector tendrá ocasión de comprobar, nuestro balance debe estar exento de autocrítica.

El 3 de octubre de 2006, en la Ciudad de la Justicia (Fase I) de Murcia se celebró el acto de apertura del Año Judicial 2006-2007. Con este acto se trataba de conmemorar en nuestra Región la solemne apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, realizada días antes. Al acto asistió el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así como otros representantes de estamentos políticos, sociales y económicos. De manera singular rendimos un homenaje al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Un reconocimiento no sólo impuesto por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial como Tribunal Consuetudinario legalmente reconocido en España, a la vez que confirmado por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 113/2004, sino como modo para respaldar la supervivencia de esta peculiar forma de Justicia heredada de nuestros mayores. Circunstancia especialmente propicia con ocasión de la candidatura presentada recientemente para que el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia sea declarado por la UNESCO, junto con el Tribunal de las Aguas de Valencia, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Alentábamos así a las autoridades para que entre todos apoyemos el adecuado desenvolvimiento de su actividad. Para que no pese en nuestros oídos el lamento que hace ya más de cien años expresaba el ilustre jurista murciano Díaz Cassou, al denunciar que “no damos ciertamente a esta justicia la importancia que realmente tiene…, pero es nuestro deber sostenerla con su gran prestigio”.

III

Resumir en breves líneas el recorrido de un año en este ámbito no es fácil. Implicaría ordenar y concordar cifras (volumen de litigiosidad, tasas de resolución y pendencia o número de Juzgados constituidos) y hablar de problemas estructurales (insuficiencia de medios personales y materiales, deficiencia y dispersión de sedes judiciales).

Lo cuantitativo por sí solo no define, pero contribuye a arrojar luz en la reflexión. Los datos estadísticos son un buen instrumento para conocer con precisión el funcionamiento de la Administración de Justicia. Como principal innovación mostraremos en gráficos una valoración estadística comparativa de los diferentes órganos judiciales, tasa de resolución y pendencia en la tramitación. Pese al esfuerzo resolutivo, preocupante es la tasa de pendencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo –aunque sensiblemente inferior al periodo anterior-, así como también la de determinados Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Partidos Judiciales como los de Totana, San Javier, Lorca, Cieza, Jumilla y Molina de Segura, y, puntualmente, determinado Juzgado de Instrucción de Cartagena. Sin embargo, hay más luces que sombras. La tasa de resolución y brevedad en el tiempo de respuesta en el Partido Judicial de Murcia y Cartagena tanto en órganos unipersonales como colegiados se sitúa por encima de la media nacional, destacando especialmente, los órganos de la jurisdicción Social cuya funcionamiento es satisfactorio.

La lentitud de la Justicia se convierte en insoportable desde el momento en que el ciudadano la percibe como cosa de todos, y no sólo de los usuarios o de los que actuamos como operadores del sistema. Ahora bien, la lentitud de de la Justicia en nuestra Comunidad Autónoma va dejando de ser un diagnóstico habitual y generalizable, dejando paso a otra preocupación: contribuir, día a día, a fortalecer la legitimidad social de la Justicia, a hacerla más eficiente, con más calidad, pues sólo así provocará más confianza y credibilidad en el ciudadano.

Siendo dos cosas distintas, Poder Judicial como Poder del Estado y Administración de Justicia como Servicio Público, precisan para el cumplimiento de los fines constitucionales que les guían y conforman (seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, independencia judicial, hacer realidad, en definitiva, el valor de la Justicia en un Estado de Derecho) de una seria y comprometida inversión en Justicia, cuestión inaplazable en nuestra Región.

Tenemos la convicción de que un Juez sólo debe hablar públicamente por sus sentencias y autos. Ahora bien, nuestro trabajo, y la función gubernativa e institucional que a los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Salas de Gobierno encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial hace que la habitual técnica jurídica se muestre insuficiente para explicar los problemas del sistema de Justicia, y precise remontar el vuelo.

La ocasión se presta a una mirada retrospectiva. No se trata de formular quejas ni reproches. No es momento para la censura, sino para la reflexión, y mostrar y compartir con el resto de Poderes y la sociedad murciana los problemas de la Justicia.

Vivimos una fase de profundos cambios legislativos –algunos de ellos en el momento en que se redactan estas líneas en estado de “incierto estancamiento”-, que afecta incluso a la concepción del propio modelo de gobierno del Poder Judicial del Estado en su proyección territorial, que no escapa al desarrollo autonómico en el que tiene especial incidencia no sólo las reformas estatutarias aprobadas en algunas Comunidades Autónomas sino también el que todavía algunas Comunidades Autónomas (es cierto que progresivamente se reduce su número), entre ellas la nuestra, no hayan asumido las transferencias en materia de Justicia.

Los diecisiete Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, reunidos en Valencia (mayo 2006) reiterábamos la solicitud de culminar los procesos de transferencias pendientes en materia de medios de la Administración de Justicia, conscientes de que con ello las Comunidades Autónomas contribuyen, desde principios de eficacia y cercanía, a la mejora del funcionamiento del servicio que prestan los órganos judiciales. Constitucionalmente, el Poder Judicial es único en el Estado español. Pero el diseño constitucional es compatible con la idea de que la Justicia, como servicio público, deba estar presente en el Estado Autonómico. A punto de conmemorar los veinticinco años de nuestro Estatuto de Autonomía, tenemos un gran espacio para la mejora de la Justicia en la Región de Murcia. El compromiso institucional de la Administración Central y Autonómica, en términos de responsabilidad, tiene como escenario de futuro la correcta y solidaria vertebración del Estado, evitando que nuestra Región quede relegada a un Comunidad Autónoma de segunda en materia de Justicia. Por ello las Administraciones Públicas concernidas deben tomar conciencia del fin en sí mismo que supone asumir y compartir responsabilidades en la conformación del servicio público de Justicia, si cabe de los más esenciales en lo público desde el momento en que no admite otra forma de prestación que sujeto a un régimen jurídico público.

Las inversiones en Justicia y Seguridad, son indisociables en un Estado de Derecho.
La planta judicial debe estar adecuada a la real litigiosidad de nuestra sociedad. Y esto debe producirse simultáneamente aumentando el número de Jueces, al tiempo que llevando a cabo un estudio científico de la planta y sus necesidades (estudio que la Sala de Gobierno del TSJRM ha hecho y elevado a las Administraciones competentes) y reforzando en medios personales y materiales la oficina judicial.

Los datos sobre nuevas unidades judiciales revelan un esfuerzo presupuestario, cuantitativamente importante en 2005, con 15 unidades judiciales; sensiblemente menor (sólo 3) en 2006, aunque cualitativamente revelador pues se constituyó un Juzgado de Familia en Cartagena, y se crearon el segundo Juzgado de Menores en la Región Murcia y el sexto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Lorca. Y el anuncio de 5 plazas para 2007, entre ellas la inminente puesta en funcionamiento del segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer para el Partido Judicial de Murcia. A fecha 31 de diciembre de 2006, hay constituidas en nuestra Región 122 plazas judiciales (91 en juzgados y 31 en órganos colegiados, más dos Magistrados adscritos). Las propuestas hechas por el TSJRM al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial han caminado sobre la base del equilibrio regional en las cargas, racionalización e incremento de personal. Prioritariamente, además del Juzgado de Violencia en Murcia, las propuestas se han orientado por la creación de un Juzgado más (el tercero) en Caravaca; otro (el sexto) en Molina de Segura; un Juzgado Exclusivo de Violencia sobre la Mujer en Cartagena, y finalmente, una plaza más para la Audiencia Provincial.

Queda todavía mucho por hacer, por situar a nuestra Región al menos en estadio equivalente a la de otras comunidades en número de Juzgados y medios personales y materiales. El esfuerzo ha sido importante pero compensa sólo parcialmente un retraso histórico. De hecho, de los últimos hemos pasado a ser penúltimos en la ratio número de Juez por habitante; mientras en tasa de resolución los órganos judiciales en la Región se encuentran en la media nacional. El incontestable incremento demográfico de la Región, en un contexto de desarrollo económico y social, ha acentuado puntualmente los problemas de planta judicial.

Persisten, en su base, determinados problemas que apuntábamos en la anterior memoria. El abandono en el que se encuentran los Registros Civiles de la Región aconseja la modernización de los mismos, en tanto constituyen la necesaria garantía del estado civil de las personas, lo que debe traducirse en la adecuada dotación de los medios materiales con que cuenten los encargados, la conexión informática entre ellos, y la necesaria unificación de los criterios a la hora de interpretar la normativa aplicable. Asimismo, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que asumen la materia de Violencia de Género tienen serias disfunciones, tanto por la sobrecarga de trabajo como por la dificultad de compatibilizar la atención de los asuntos de esta naturaleza con los restantes. Con todo, la Sala de Gobierno ha estado atenta al problema y, periódicamente, ha valorado y adoptado medidas dirigidas a compensar las cargas de trabajo en los órganos judiciales afectados. Una fórmula eficaz para mejorar su funcionamiento es atribuirle competencia comarcal. Y en el horizonte quizás estén propuestas más avanzadas, que eliminen la tradicional, y probablemente desfasada división judicial en Partidos Judiciales, y se empleen fórmulas territoriales más homogéneas y coherentes con las sociedades del siglo XXI, en el que la facilidad de las comunicaciones y la concentración de edificios judiciales racionalicen el funcionamiento de los órganos judiciales.

En sedes judiciales, en la balanza varios logros. La inauguración en marzo de 2006 de la I Fase de la Ciudad de la Justicia en Murcia y los nuevos edificios de Juzgados en Jumilla y Totana. Plasman esfuerzos del Ministerio de Justicia y de las Administraciones Locales. Y este año el moderno edificio de Juzgados de Cieza. Pero, en el otro lado de la balanza, varias asignaturas pendientes: la II fase de la Ciudad de la Justicia; la legítima aspiración para que la ciudad de Lorca cuente con una sede judicial moderna pero acorde a su entidad histórico-patrimonial; el rápido agotamiento del edificio judicial de Cartagena que aboca a plantearnos un nuevo espacio arquitectónico a modo de Campus Judicial y la remodelación del Palacio de Justicia en la Avenida del Río Segura.

Las nuevas creaciones de unidades judiciales en Murcia comportó, no sin grandes incomodidades y distorsiones, la necesidad de desplazar la Sala de lo Contencioso Administrativo a otra sede. Ello permitía, además de mejorar las instalaciones de dicho órgano colegiado, garantizar la unidad de sede para la Justicia de Menores, y locales adecuados para la efectiva implantación del nuevo sistema de guardias de 24 horas a partir de enero de 2007, objetivo éste último cumplido tras la creación del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia que, sin duda, mejora el funcionamiento y la calidad en la prestación del servicio. Asimismo estas medidas han evitado la dispersión de los órganos judiciales encargados de la Justicia de Menores; y próximamente permitirá que la oficina del Registro Civil de Murcia se traslade a otra sede donde la prestación del servicio se verifique en condiciones más dignas para los funcionarios y sobre todo para el ciudadano. Y en este sentido, es cierto que reclamamos más medios personales y materiales, pero también somos conscientes de que la solución al problema pasa también por la correcta gestión de medios, de corresponsabilización en la gestión presupuestaria (dignos de mención ha sido el control llevado a cabo por la Sala de Gobierno y la correlativa responsabilidad de Jueces y Magistrados de la Región en el cumplimiento del régimen de sustituciones internas), por la creación de oficinas de atención al ciudadano, y sobre todo acometer definitivamente el nuevo modelo de oficina judicial que sufre un lamentable y desmotivador retraso en su implantación, pero en el que el TSJRM sigue poniendo empeño haciendo importantes aportaciones y esfuerzos formativos y de difusión, y sobre todo mostrando una actitud de plena predisposición en las innovaciones tecnológicas con la inminente puesta en marcha del proyecto de itineración electrónica Lex-Net.

El signo de normalidad institucional ha presidido las relaciones institucionales del TSJRM con los Colegios Profesionales (los tres Colegios de Abogados de la Región, el de Murcia, Cartagena y Lorca, y los de Procuradores, así como el de Graduados Sociales, el Notarial y el de los Registros de la Propiedad), y como no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policías Locales). La Justicia no es cosa sólo de los Jueces, sino de todos, y para el funcionamiento de la Justicia, hay que sumar esfuerzos, sumar y no restar, componer soluciones que sean útiles, eficaces y que garanticen siempre la independencia judicial, que, en definitiva, es un derecho del ciudadano al que servimos.

La crítica dirigida contra las resoluciones judiciales produce efectos saludables. No sólo es expresión de un derecho fundamental sino que, además produce efectos beneficiosos desde el punto de vista de la funcionalidad del sistema. Ahora bien, en pocos ámbitos es más necesaria esa recíproca adecuación entre los principios y la responsabilidad que en el que se refiere a la crítica necesaria y saludable. En este terreno, la labor del Gabinete de Prensa y Comunicación del TSJRM viene siendo fundamental. Van cumpliéndose los objetivos de lograr una mayor comprensión de la labor judicial, que permite conocer incluso sus propias limitaciones, y de facilitar la información a los ciudadanos a través de quienes son fiduciarios de la información judicial: los medios de comunicación.

La Región ha destacado un año más en la formación de Jueces de toda Europa, consolidando el Foro Permanente de Estudios Judiciales Europeos, a través del convenio suscrito en noviembre de 2005 entre el CGPJ, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Fundación Cajamurcia. Y en Murcia se celebró el I Congreso de la Jurisdicción Laboral, que reunió a más de 300 Jueces españoles, y representantes de la judicatura europea e iberoamericana. Una formación de calidad es la llave para una Justicia de calidad, y en consecuencia para la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Hay que destacar también que Jueces y Magistrados de la Región se han involucrado directamente en la educación de los más jóvenes con el Programa Educando en Justicia, gracias al convenio suscrito con la Consejería de Educación y Cultura, con el fin de transmitir valores democráticos y de Justicia en los centros educativos.

El año 2006 ha contado con la incorporación de nuevos Jueces y Magistrados en órganos judiciales de la Región de Murcia. En lo gubernativo mención especial ha supuesto la incorporación en el organigrama del TSJRM de un nuevo cargo, el de Secretaria Coordinadora Provincial, en Nieves Sánchez Ruiz. En la Fiscalía se produjo el nombramiento de José Francisco Sánchez Lucerga como Teniente Fiscal. No han faltado espacios para el reconocimiento profesional, humano e institucional. La imposición de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, Joaquín Samper Juan. El entrañable homenaje al primer Presidente de este TSJ, Francisco Martínez Muñoz. La obtención por el TSJRM -Secretaria de Gobierno- del prestigioso premio Balanza de Cristal que otorga la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Con todo, en esa visión integral de la Justicia que desde la dimensión gubernativa proyecta el TSJRM no falta espíritu de modernización, dosis de ilusión y un profundo afán de mejora y servicio, procurando siempre evitar el paso a la improvisación irreflexiva.

En el Libro Blanco de la Justicia, y después en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, el espíritu de concordia y consenso marcaron las necesarias líneas de transformación de la prestación del servicio público de Justicia. Eso es lo que demandan los ciudadanos, y a eso aspiramos. Ocioso es decir que ningún tribunal puede quedar a resguardo de la crítica tanto de la opinión pública como de la comunidad de los juristas. Y somos plenamente conscientes de que nos queda mucho por mejorar y aspirar a que, con la calidad y la cantidad de nuestro trabajo, los tiempos de tramitación y respuesta sean mejores, las quejas de los ciudadanos sobre atención respetuosa (puntualidad, horarios…) disminuyan al máximo.

Esa vocación de servicio público, nos trae a la memoria a nuestro Saavedra Fajardo cuando decía en su empresa 34 (“Ferendum et sperandum”) que “muy pocas cosas se muestran en el gobierno con rostro apacible, (pues) todas parecen llenas de espinas y dificultades, pero el sufrimiento y la esperanza llegan a ver logrado el trabajo”.

Afrontamos el futuro de la Administración de Justicia en la Región teniendo en cuenta el presente y conociendo el pasado, que viene en definitiva a plasmarse en las páginas que siguen. Y lo hacemos con la mirada puesta en lograr el máximo grado de aceptación, de eficacia y de confianza del ciudadano.

JUAN MARTÍNEZ MOYA
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia