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PREAMBULO
El año 2005 abrió una etapa de ejecución de proyectos e iniciativas para la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Resumir en breves líneas el recorrido de un año en este ámbito no es fácil. Implicaría ordenar y concordar cifras (volumen de litigiosidad, tasas de resolución y pendencia o número de juzgados constituidos) y hablar de problemas estructurales (insuficiencia de medios personales y materiales, deficiencia y dispersión de sedes judiciales). Siendo dos cosas distintas, Poder Judicial como Poder del Estado y Administración de Justicia como Servicio Público, precisan para el cumplimiento de los fines constitucionales que les guían y conforman (seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, independencia judicial, hacer realidad, en definitiva, el valor de la Justicia en un Estado de Derecho) de una seria y comprometida inversión en Justicia, cuestión inaplazable en nuestra región.
El contexto o el escenario de fondo, como sucede con los fenómenos jurídicos, es complejo y, sobre todo, muy dinámico. Vivimos una fase de profundos cambios legislativos, que afecta incluso a la concepción del propio modelo de gobierno del Poder Judicial del Estado en su proyección territorial, que no escapa al desarrollo autonómico –todavía nueve Comunidades Autónomas, entre ellas la nuestra, no han asumido las transferencias en materia de justicia–.
Los diecisiete Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, reunidos en Granada en octubre de 2005 solicitábamos la culminación de los procesos de transferencias pendientes en materia de medios de la Administración de Justicia, en la medida en que llevarán a las Comunidades Autónomas a contribuir desde principios de eficacia y cercanía a la mejora del funcionamiento del servicio que prestan los órganos judiciales. Y este mismo año (Valencia, mayo 2006) renovábamos dicha petición aduciendo que el proceso de negociación en estos casos debería llevarse a cabo de forma que al final se asegure que las Comunidades Autónomas puedan ejercitar las competencias asumidas en condiciones presupuestarias de suficiencia para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales sin desequilibrios territoriales ni desigualdades entre Comunidades y de los ciudadanos de las mismas en las condiciones de acceso a la Justicia.
Hoy día, afortunadamente, la Justicia cada vez resulta menos indiferente a la sociedad. La lentitud de la justicia se convierte en insoportable desde el momento en que el ciudadano la percibe como cosa de todos, y no sólo de los usuarios o de los que actuamos como operadores del sistema (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, funcionarios). Y eso preocupa. Como también contribuir, día a día, a fortalecer la legitimidad social de la Justicia, a hacerla más eficiente, con más calidad, pues sólo así provocará más confianza y credibilidad en el ciudadano.
Las iniciativas en el 2005 se han materializado en la creación de quince nuevas unidades judiciales en la mayoría de los partidos judiciales de la región (Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, San Javier, Totana, Cieza y Mula). Destaca la constitución de un Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, con ámbito para el partido judicial de Murcia, y el reforzamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. En total hay constituidas en nuestra región 119 plazas judiciales (88 en juzgados y 31 en órganos colegiados). El esfuerzo ha sido importante pero compensa sólo parcialmente un retraso histórico. De hecho, de los últimos hemos pasado a ser penúltimos en la ratio número de juez por habitante; mientras en tasa de resolución los órganos judiciales en la región se encuentran en la media nacional. El objetivable incremento demográfico de la región, en un contexto de desarrollo económico y social, ha acentuado puntualmente los problemas de planta judicial. En este sentido, la Sala de Gobierno del TSJ ha propuesto, siguiendo un protocolo, medidas de refuerzo consistentes en elevar planes de urgencia al Consejo General del Poder Judicial, en espera de la creación de nuevas unidades judiciales e incremento de plantilla. Planes de urgencia que aprobados por el CGPJ, y salvo alguna importante excepción (plan de urgencia para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ) en su mayoría no han podido ejecutarse por razones presupuestarias aducidas y atribuibles al Ministerio de Justicia. El abandono en el que se encuentran los Registros Civiles de la región aconseja la modernización de los mismos, en tanto constituyen la necesaria garantía del estado civil de las personas, lo que debe traducirse en la adecuada dotación de los medios materiales con que cuenten los Encargados, la conexión informática entre ellos, y la necesaria unificación de los criterios a la hora de interpretar la normativa aplicable. Asimismo, los juzgados de primera instancia e instrucción que asumen la materia de violencia de género tienen serias disfunciones, tanto por la sobrecarga de trabajo como por la dificultad de compatibilizar la atención de los asuntos de esta naturaleza con los restantes.
Por otra parte, los desafíos legales –nueva oficina judicial, reformas procesales, tecnologías de información y comunicación– adentran al servicio público de justicia en la era de modernización donde los parámetros de transparencia, racionalidad y eficacia deben servir de brújula segura para reforzar la confianza del ciudadano en la justicia. El seminario llevado a cabo en Águilas (junio,2005) –cuya segunda edición tendrá lugar en octubre de 2006– que reunió a más de sesenta jueces y magistrados, secretarios judiciales de la región y representantes del Ministerio de Justicia escenificó y materializó un claro compromiso por la denominada nueva oficina judicial. Todo ello bajo el principio inspirador de que cualquier nuevo diseño de la oficina judicial debe partir de su carácter auxiliar y al servicio, en todo caso, de la función jurisdiccional, y de que el éxito del nuevo modelo debe pasar por la implantación de tecnologías de información y comunicación adecuadas y suficientes, así como la necesidad de proceder a una adaptación y modernización de las instalaciones judiciales, con la consiguiente puesta en marcha de actuaciones que pongan fin a la dispersión de sedes judiciales actualmente existente en muchas Comunidades Autónomas. Y sucede que en lo concerniente a sedes judiciales, los problemas siguen concentrándonos en la ciudad de Murcia. Si bien culmina la I Fase de la Ciudad de la Justicia no puede esperar la II Fase de dicha Ciudad, y subsiste la diseminación de órganos judiciales en el partido judicial de Lorca.
Hemos dado un paso más a la apertura de la Justicia a la sociedad. Desde principios de 2005 el TSJ cuenta con un gabinete de prensa y medios de comunicación. Su objetivo es lograr una mayor compresión de la labor judicial, conocer incluso sus propias limitaciones, pero fundamentalmente facilitar la información a los ciudadanos a través de quienes son fiduciarios de la información judicial: los medios de comunicación.
Asimismo, la CA de la Región de Murcia se ha convertido en la capital judicial europea de la formación de todos los jueces y magistrados españoles y europeos a través del Foro Permanente de Estudios Judiciales Europeos. Más de 1.500 jueces y magistrados y fiscales europeos han participado durante las sucesivas ediciones del Foro, que en noviembre de 2005 se ha fortalecido con la suscripción de un nuevo convenio por el CGPJ, la CA de la Región de Murcia y la Fundación Cajamurcia. Y el Poder Judicial en la Región también quiere involucrarse en la educación de los más jóvenes con el Proyecto Educando en Justicia, convenio suscrito con la Consejería de Educación y Cultura, con el fin de transmitir valores democráticos y de justicia a los centros educativos.
En el terreno institucional, la normalidad y fluidez en numerosos actos y actividades de colaboración y representación son las notas que han presidido la relación del TSJ, con la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, con los Colegios de Abogados en la Región (Murcia, Cartagena y Lorca) y de Procuradores (Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla), así como el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, y Administraciones Central, Autonómica, Local y, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales, y otras instituciones, en particular, la Universidad.
El año 2005 ha contado también con momentos gratos en la trayectoria profesional de Magistrados de la Región. Singularmente, la promoción a Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Civil) del Excmo. Sr. Antonio Salas Carceller, quien estaba al frente de la Audiencia Provincial, y el nombramiento del Ilmo Sr. Andrés Pacheco Guevara para ese cargo.
En fin, la Administración de Justicia debe contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función. Y el criterio de quienes integramos dicho sistema debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión. A ello responde el cumplimiento de la previsión legal prevista en el artículo 152.1. 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando atribuye a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia la elaboración de la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del Tribunal.
JUAN MARTÍNEZ MOYA
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
